Desde que la criptomoneda se declarara como la segunda de curso legal en el país centroamericano, su implementación ha estado marcada por las cotizaciones fluctuantes, la opacidad gubernamental y el entusiasmo en las redes.
Un cliente pasa por una tienda con un cartel que muestra la aceptación de bitcóin en El Salvador. 22 de noviembre de 2021Camilo Freedman / Gettyimages.ru
La información pública sobre el bitcóin en El Salvador depende exclusivamente de lo que el presidente Nayib Bukele quiera compartir en sus redes sociales. Esa particularidad dificulta obtener datos del impacto de la medida. Pero los indicios están allí.
Las estimaciones de la prensa local señalan que el Gobierno de Bukele ha comprado 1.801 unidades de bitcóin, que equivaldrían a un gasto de 86,6 millones de dólares (por la fecha en que se hicieron las operaciones). Sin embargo, el desplome de las cotizaciones en las últimas semanas habría dejado pérdidas de al menos 16,2 millones de dólares para las finanzas del país.
Ese cálculo, aunque aproximado, podría ser mayor si se toma en cuenta el número de usuarios de la billetera Chivo, que según Bukele, asciende a 4 millones. De ser así, la mayoría de ellos tendría acceso a los 30 dólares ofrecidos por el Gobierno como incentivo para entrar en el sistema, lo que se traduciría en un gasto de 120 millones de dólares para las arcas estatales.
En el ojo del FMI
La situación no es un asunto que preocupe solo a Bukele. El mes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en alertar sobre los riesgos del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, debido a su volatilidad: "A corto plazo, los costos y riesgos superan con creces los beneficios", apuntó el organismo.
Según el Fondo, los riesgos son principalmente para la estabilidad financiera porque los bancos "podrían estar expuestos a fluctuaciones masivas en los precios de los criptoactivos"; para la integridad de los flujos de dinero, porque el bitcóin podría ser una puerta abierta para ilícitos cambiarios, evasión de impuestos y financiación al terrorismo "debido al anonimato que brindan"; y para la protección del consumidor, ya que las personas que ahorran en esa moneda digital "podrían perder riqueza debido a grandes cambios en el valor".
Los manifestantes sostienen pancartas contra la ley de bitcóin en El Salvador. 12 de diciembre de 2021Camilo Freedman / SOPA Images/Si / Legion-Media
La respuesta de Bukele a esas advertencias, como es de costumbre, fue irónica. El mandatario desestimó las sugerencias del Fondo –a pesar de que mantiene negociaciones con el organismo para acceder a un préstamo de 1.000 millones de dólares– con un meme de Los Simpson, aunque sin hacer alusión a cómo resolvería las fallas estructurales de la implementación del bitcóin en su país.
Por el contrario, en vez de introducir más controles fiscales y reglas "prudenciales" para regular el ecosistema de pagos, como recomendó el Fondo, el plan de Bukele fue aumentar la apuesta oficializando un ambicioso plan que incluye la emisión de bonos en ese criptoactivo, por un total de 1.000 millones de dólares.
La semana pasada, el ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, anunció que el Gobierno preparaba la emisión de bonos en criptomonedas para "los primeros 15 días de marzo". "Estamos tomando todas las salvaguardas", aseguró el funcionario en alusión a los llamados Bonos volcán, que según Bukele servirán para financiar el proyecto Bitcoin City.
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