La Comisión Provincial por la Memoria describió todas las irregularidades en el femicidio de Úrsula Bahillo. ¿Por qué Matías Martínez seguía siendo parte de la Bonaerense a pesar de todas las denuncias en su contra?

La Comisión Provincial por la Memoria se refirió al femicidio de Úrsula Bahillo y describió toda la trama policial y judicial que permitieron un "desenlace previsible". Además, pidieron prestar especial atención a lo que ocurre con las fuerzas de seguridad: desde 2016, en Buenos Aires hay 5 femicidios policiales por año.

"Úrsula tenía 18 años y había denunciado en innumerables oportunidades a su ex pareja, el oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Matías Ezequiel Martínez que tenía una medida de restricción perimetral para impedir que se acercara a la joven. Una orden que Martínez incumplió con absoluta impunidad. Ni la justicia ni la policía fue capaz de garantizar la seguridad de Úrsula, en esa situación de desprotección ocurrió el femicidio", aseguraron desde el prestigioso organismo de Derechos Humanos.  

Además, recordaron que el femicida contaba con tres causas penales por violencia de género, una de ellas por otra víctima donde estaba citado a juicio, y las restantes relativas a hechos cometidos contra Úrsula. "Es decir, lo que ocurrió era un desenlace previsible, anunciado por la propia víctima que apeló a todas las instancias existentes para poder detenerlo", insistieron.  

"Desde septiembre de 2020, Martínez estaba con carpeta psiquiátrica, aunque continuaba siendo parte de la fuerza pese a las causas anteriores y la elevación a juicio de una de ellas. El hecho de ser funcionario policial no puede soslayarse, porque tampoco es el primer caso que ocurre: la base de datos sobre uso letal de la fuerza policial, que construye la CPM sobre la provincia de Buenos Aires, muestra que en el período 2016-2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron femicidios", advirtieron. 

El femicidio de Úrsula expuso todo un entramado judicial y policial que desprotegió a la víctima. La joven denunció violencia de género en reptidas oportunidades y sólo logró una restricción perimetral del golpeador, que acumulaba denuncias anteriores. Esa restricción fue violada con total impunidad. A esa desprotección judicial se suma la falta de respuestas estatales que permitan proteger a la mujer que denuncia una situación de violencia.  

Además, la familia de Úrsula aseguró que en la Comisaría de la Mujer no quisieron recibir una de las tantas denuncias porque "era fin de semana". "La CPM exige que se garantice una investigación judicial expeditiva, eficaz y profunda que no sólo aporte claridad sobre el hecho sino que también indague en las responsabilidades funcionales policiales y judiciales, que pudieran existir por la falta de respuesta a las denuncias anteriores", pidieron. 

Además, la Comisión Provincial por la Memoria repudió los hechos de represión en la puerta de la comisaría de Rojas, contra amigos/as y familiares de la víctima. Una amiga de Úrsula casi perdió un ojo por una bala de goma. "Es decir que un femicidio se profundiza en la intervención policial con un nuevo hecho de violencia de género", expresaron. 

Por último, volvieron a reflexionar sobre la necesidad de una profunda reforma de las fuerzas de seguridad. "El amplio porcentaje que representan las denuncias por violencia de género en el ámbito laboral y familiar en las fuerzas policiales evidencia que no se trata sólo de un problema de capacitación, sino de profunda revisión de la estructura, prácticas y perfiles de quienes constituyen esas fuerzas", solicitaron. 

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agenciapacourondo.com.ar