Se trata de un colectivo muy golpeado por la falta de oportunidades laborales, la discriminación y diferentes tipos de violencias. 

Por Elizabeth Pontoriero

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en nuestro país casi todas las personas trans viven en situación de pobreza o indigencia, algo que se acentuó con el avance de la pandemia de COVID-19. La imposibilidad de acceder a un trabajo con derechos garantizados convierte a esta población en la más vulnerable y expuesta a los crímenes de odio y a la violencia institucional.

De acuerdo con el informe publicado en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 90% de la población trans recurre al trabajo sexual para subsistir, ya que, debido a su identidad y expresión de género, son sistemáticamente discriminadas, hostigadas y estigmatizadas para poder acceder al sistema de educación formal y a los trabajos registados o informales.

Con respecto a esto, el informe anual de 2020 presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB, que depende del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, explicó que la exclusión laboral tiene un doble abordaje, por un lado, la falta de educación formal y por otro, la discriminación que sufren por ser trans, ya que, aunque tengan estudios, incluso universitarios, no las quieren emplear.

De esta manera, las personas trans quedan al margen de los derechos humanos más básicos y expuestas a condiciones de violencia que las lleva, incluso, a autoexcluirse, a la baja autoestima y a frustrarse en la concreción de los proyectos de vida, alcanzando tan solo un promedio de vida de entre 35 y 40 años, según reveló el estudio.

Por su parte, la activista, magíster en Estudios y Políticas de Género y primera trabajadora trans del Banco Central, Victoria Antola, expresó al medio Chequeado.com que “las mujeres trans sufren el impacto de quedar en los márgenes: de no acceder a una vida digna, al derecho a la salud, la vivienda y la educación y esto va deteriorando la vida de una persona trans y coartando sus oportunidades”.

Durante el año pasado, debido a la pandemia y a la cuarentena decretada por el Ejecutivo nacional, la situación se agravó, dado que, al no poder ejercer el trabajo sexual, la mayoría vio sus ingresos reducidos y con muy poca ayuda estatal, excepto por la entrega de alimentos. En consecuencia, la situación habitacional empeoró, pues según el informe anual de 2020 presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB, el 85% de la población trans durante el 2020 no pudo pagar el alquiler y el 52% directamente se quedó sin ingresos económicos, por lo que muchas fueron desalojadas de sus viviendas, a pesar de que un decreto nacional lo prohibía.

Violencia Institucional

Por su parte, la investigación “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina”, elaborada para la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), relató que la comunidad trans se encuentra más vulnerable a la violencia masculina, particularmente la que proviene de la fuerza policial: “Existe una relación directa entre la criminalización de las personas trans y travestis, los delitos motivados por el odio, los abusos de la policía y la estigmatización por identidad e incluso por el carácter de migrante de una parte del colectivo”.

Las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios suelen mostrar mucha saña y odio contra las personas LGBT, particularmente, contra las mujeres trans y esto se manifiesta a través de insultos y burlas, detenciones arbitrarias, la criminalización del trabajo sexual, que muchas veces recae en la exigencia de coimas o de servicios sexuales y en “hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”, de acuerdo con el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB.

En mayo de 2012 se sancionó la ley 26.743 de Identidad de Género que garantiza que toda persona sea tratada y reconocida de acuerdo con su identidad de género, y que permite que toda persona pueda “solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”.

Asimismo, también garantiza el trato digno, al estipular que todas las personas que utilicen un nombre de pila distinto del de su documento deberán igualmente ser respetadas de acuerdo con la identidad de género que adoptaran.

Sin embargo, si bien esta Ley tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas trans, sobre todo, en el acceso a la salud y en lo laboral, lamentablemente, según el Informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina”, esta normativa no se cumple en su totalidad, ya que la mayoría de la población trans continúa siendo discriminada y excluida de las garantías que ofrece el Estado, de las que sí goza el resto de la población, como la atención hospitalaria, los tratamientos médicos, el acceso a la medicación o a la información en temas de salud.

Con respecto a la formación educativa, según cita este informe, una “investigación realizada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y Fundación Huésped en 2014 mostró una deserción alta. Entre la población trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres habían abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación. Solo un 32,6% de las personas trans relevadas mayores de 18 años habían completado la escuela secundaria”. Sin embargo, gracias a la Ley de Identidad de Género muchas personas trans pudieron retomar sus estudios y finalizarlos.

Cabe mencionar que, en 2011, con el fin de promover la inclusión de las personas trans en la educación formal, se fundó la primera escuela trans en el mundo, el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, llamado así en homenaje a Mocha Celis, una travesti tucumana que fue asesinada de tres tiros por la policía y que no sabía leer ni escribir. Su homicidio, todavía, sigue sin esclarecerse.

Este establecimiento que promueve la inserción laboral con el desarrollo de talleres que enseñan oficios y cuenta con estudiantes de entre 16 y 60 años es, además, totalmente “no exclusivo” ya que, también, asisten allí personas no trans, como migrantes o madres solteras.

Aunque parece que se ha avanzado bastante, todavía falta mucho por recorrer, pues al no ver sus derechos respetados, la comunidad trans continúa viviendo en estado de vulnerabilidad. De este modo, según el informe anual de 2020 presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB, durante 2020 se produjeron 152 crímenes de odio, cuyas razones fueron la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas.

Así, se cometieron 14 asesinatos en contra de la diversidad sexual, 10 de ellos en contra de mujeres trans, también, 5 suicidios y 67 muertes por abandono y/o ausencia estatal, estas últimas ligadas, en su mayoría, al deterioro de la salud.

Sin embargo, en el informe se aclara que estos datos no son exactos, ya que se basan en los registros de la Defensoría LGBT y otras organizaciones afines, y que el acceso a los verdaderos datos se dificulta, porque no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra respetándose su identidad de género, y no todos los crímenes por odio cometidos contar lesbianas, gay y bisexuales se muestran como tal, por lo que quedan invisibilizados.

Qué hizo el Estado nacional hasta el momento

Además de la Ley de Identidad de Género, el Gobierno nacional en 2020 creó, a partir del Decreto 721/20, el Cupo Laboral en el Sector Público Nacional por el que establece que los cargos “deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.

El Decreto ratifica la “no discriminación” por identidad y expresión de género y avala el trabajo digno en condiciones satisfactorias, así como también, que la no terminalidad educativa y la capacitación no pueden ser un obstáculo para conseguir y permanecer en el empleo.

Por otro lado, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se creó el Programa Acompañar dirigido a mujeres y a la comunidad LGBT en situación de violencia de género. Según se explica en la página web del ministerio, este programa permite, en articulación con la ANSES y las provincias, que la mujeres y LGBT, víctimas de violencia de género, puedan acceder a una ayuda económica equivalente al salario mínimo, vital y móvil por seis meses consecutivos y, además, tener un acompañamiento integral de fortalecimiento psicosocial.

No obstante, en el informe se remarca que lo que se está solicitando al Estado es que este intervenga de una manera más activa para que se garanticen los derechos de la comunidad trans y cese la discriminación. En esta línea, piden que se dé lugar al reclamo de la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) para que se apruebe la Ley Integral Trans que no solamente abarca el tema laboral sino también el “acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas”.

Finalmente, exigen con carácter de urgencia que se sancione una nueva ley en contra la discriminación, así, solicitan que el Congreso apruebe el proyecto de Ley Nacional de Actos Discriminatorios, elaborado por la Federación Argentina LGBT y presentado durante 2020 “para garantizar el acceso a la justicia en los casos de crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual, así como para crear instituciones especializadas”, con el fin de prevenir la violencia y promover una cultura de respeto e igualdad.

Fuente :

agenciapacourondo.com.ar

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